Categoría: Sin categoría

• Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron un operativo en Prime Wheel y constataron las nulas condiciones de seguridad e higiene para las y los trabajadores 

La clausura no afectará el pago de salarios del personal

TIJUANA.- Para privilegiar el interés público y el de las y los trabajadores, autoridades de los tres órdenes de gobierno, encabezados por el secretario general del Ayuntamiento, Arnulfo Guerrero León, y el secretario del Trabajo en Baja California, Alejandro Arregui Ibarra, llevaron a cabo la clausura total de la empresa Prime Wheel en sus plantas 1 y 2. 

Derivado del incidente ocurrido ayer lunes 21 de octubre, donde un trabajador falleció durante su jornada laboral, así como de las repetidas irregularidades registradas al interior de dicha empresa en el rubro de medidas de seguridad e higiene, se determinó imponer la clausura total de la empresa. 

Por instrucciones de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, y del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, autoridades estatales y municipales, a las que se sumaron federales, se realizó un operativo especial para llevar a cabo la clausura de la empresa Prime Wheel.

La clausura total de la empresa, estableció el secretario general del Ayuntamiento, resultó procedente en razón que las irregularidades detectadas atentan contra el interés público en virtud de contar con nulas medidas de seguridad, así como no reunir las condicionantes en el certificado de medidas de seguridad, aunado a la falta de permisos municipales relacionados a medidas de seguridad.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del incidente ocurrido ayer en el interior de Prime Wheel, el alcalde Ismael Burgueño instruyó una revisión exhaustiva del cumplimiento de las medidas municipales en la empresa. 

En tanto, el secretario del Trabajo sostuvo que esta medida estará acompañada del compromiso de la empresa de garantizar el pago de salarios a las y los trabajadores durante la vigencia de la clausura impuesta. 

Alejandro Arregui declaró que la intervención de la dependencia a su cargo se da en base a sus atribuciones legales cuando tiene conocimiento por cualquier medio de que al interior de un centro de trabajo existe una situación de peligro o riesgo inminente.

La suspensión total de labores determinada en Prime Wheel estará vigente hasta en tanto la empresa adopte las medidas de seguridad necesarias para evitar que se presente un siniestro o accidente laboral. 

Destacó la disposición del XXV Ayuntamiento para llevar a cabo el operativo y determinar la medida de clausura, ya que se actuó en coordinación con las dependencias municipales involucradas en este asunto.

En este operativo tomaron parte además personal de la Secretaría Federal del Trabajo en Baja California, Procuraduría de Protección del Trabajo en el Estado, Protección Civil Municipal, Protección Civil del Estado, la Dirección de Bomberos, la Dirección de Inspección y Vigilancia, apoyadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Estas acciones, precisó el secretario general del Ayuntamiento, son al margen de las que que realiza la Fiscalía General del Estado de Baja California como parte de la carpeta de investigación que se integró por el fallecimiento de un trabajador en el interior de la empresa, en hechos ocurrido ayer lunes. 

Arnulfo Guerrero y Alejandro Arregui coincidieron en destacar que esta clausura no hubiese sido posible sin la coordinación alcanzada entre la gobernadora de Baja California y el alcalde de Tijuana.

El Gobierno del Estado y el XXV Ayuntamiento serán inflexibles para coordinarse de manera efectiva cuando se atente contra el interés público de las y los tijuanenses, concluyeron.

• Es imperativo que gobierno, comunidad eclesial y organizaciones civiles, redoblemos esfuerzos en la lucha por la justicia y la paz, afirma el coordinador del movimiento Testimonio y Esperanza en esta frontera

TIJUANA.- El artero asesinato, el domingo pasado, del sacerdote zotzil Marcelo Pérez Pérez, en Chiapas, provocó la reacción de los laicos en esta frontera y la coordinación del Movimiento Testimonio y Esperanza manifestó, “con profundo dolor y consternación” su solidaridad “con la comunidad de fieles, con nuestros pastores y con la sociedad mexicana”, y exigió —“de manera enérgica”— al estado mexicano, una respuesta satisfactoria ante el atroz crimen.

Luis Arturo Palomares Toledo, coordinador en Tijuana de Testimonio y Esperanza, manifestó que los laicos “asumimos nuestra responsabilidad de ser agentes activos en la construcción de una sociedad más justa y fraterna”, siguiendo el ejemplo del padre Pérez, “quien entregó su vida al servicio de los más necesitados”.

Señaló que el llamado se intensifica ante la crisis de violencia que afecta a nuestras comunidades y que este trágico asesinato pone de nuevo en el centro de nuestra reflexión. No podemos permanecer indiferentes, dijo.

Indicó que el párroco asesinado fue un testimonio vivo del compromiso con los marginados y vulnerables, ante lo cual nos corresponde a nosotros, como laicos, asumir nuestra parte en este legado. “En nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestra vida pública, debemos ser constructores de la paz y defensores de la dignidad humana, y rechazar con firmeza toda forma de violencia e injusticia”, enfatizó.

Palomares Toledo manifestó que este trágico acontecimiento es también un recordatorio urgente de nuestra corresponsabilidad con las autoridades civiles y de nuestra exigencia de justicia.

Como ciudadanos, precisó, debemos exigir que el Estado cumpla con su deber de proteger a todos los miembros de nuestra sociedad, especialmente a aquellos que dedican su vida al servicio de los demás. La impunidad y la ineficacia en la investigación de estos crímenes —advirtió—, debilitan nuestra confianza en las instituciones y erosionan el tejido social y la vida pública.

El líder del grupo religioso en Tijuana enfatizó que a la luz de la doctrina social de la iglesia, “es un imperativo que todos los sectores de la sociedad —gobierno, comunidad eclesial y organizaciones civiles— redoblemos esfuerzos en la lucha por la justicia y la paz. Esto no solo es un mandato de nuestra fe sino un deber ético que nos llama a la acción”.

Indicó que hacemos eco del llamado de nuestros obispos, exigiendo a las autoridades que realicen una investigación transparente y exhaustiva para que el asesinato del padre Marcelo no quede impune. Pedimos también, subrayó, la implementación de medidas concretas y efectivas para proteger a quienes, como él, arriesgan su vida en el ejercicio de su misión pastoral y social, particularmente en zonas de conflicto y violencia.

Como laicos y sociedad, ante múltiples actos de violencia que socavan los valores fundamentales de la justicia y la paz a los que aspiramos como nación, reafirmamos nuestra determinación de trabajar por la construcción de una sociedad donde prevalezca la justicia, la reconciliación y el bien común, sabiendo que la paz verdadera solo puede alcanzarse cuando se defienden y respetan los derechos fundamentales de todas las personas, precisó.

Y finalmente pidió que el sacrificio del padre Marcelo Pérez inspire un compromiso renovado con los valores del Evangelio, “y que su memoria nos impulse a trabajar incansablemente por un México más justo, donde la violencia no tenga cabida y donde la dignidad de cada persona sea respetada”.

• «La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes.» _
Martin Luther King Jr.

Por Isidro Aguado Santacruz

El pasado domingo 20 de octubre, el asesinato del sacerdote y activista Marcelo Pérez en Chiapas estremeció a una nación que, aunque acostumbrada a la violencia, no debería normalizarla. Pérez, reconocido por su lucha incansable contra el crimen organizado y por su llamado a las comunidades para que se levantaran y exigieran justicia, fue silenciado de la manera más brutal. Este crimen es un recordatorio amargo de la realidad que enfrentan aquellos que se atreven a alzar la voz en México, un país donde el poder, las amenazas y el miedo parecen estar interconectados de manera insidiosa.

Marcelo Pérez no es el primer activista o defensor de derechos humanos que pierde la vida por su compromiso con la justicia. En años recientes, México ha sido testigo de un patrón doloroso: activistas, periodistas y líderes comunitarios son asesinados con impunidad mientras intentan hacer visible lo que el Estado a menudo ignora. Según datos del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), entre 2012 y 2022, se documentaron más de 300 asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Casos como el de Javier Valdez, el periodista de Sinaloa que denunció el narcotráfico y fue asesinado en 2017, o Samir Flores, el activista indígena asesinado en 2019 por oponerse a megaproyectos, son recordatorios constantes de que en México, decir la verdad o exigir justicia puede costar la vida.

Pérez luchaba por su comunidad en Chiapas, una de las regiones más afectadas por la violencia del crimen organizado. En sus discursos, insistía en que la única manera de contrarrestar el poder de los cárteles era a través de la organización comunitaria y la acción colectiva. Sin embargo, en un giro tan irónico como oscuro, la propia Fiscalía del estado lo acusó de tener vínculos con el mismo crimen que combatía. Esta criminalización de quienes alzan la voz no solo es una estrategia de intimidación, sino también una excusa del Estado para deslindarse de su responsabilidad en garantizar la seguridad y la justicia.

A pesar de la gravedad de los hechos, la respuesta oficial fue escasa. 

La presidenta Claudia Sheinbaum emitió unas breves condolencias, sin ofrecer un compromiso claro para investigar a fondo el asesinato ni para frenar la ola de violencia que azota no solo a Chiapas. En estados como Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa y Baja California, la violencia se ha convertido en un estilo de vida. En Guerrero, por ejemplo, se han registrado múltiples homicidios de activistas y defensores de derechos humanos, mientras que en Guanajuato y Zacatecas, las disputas entre cárteles han resultado en un aumento alarmante de los homicidios dolosos, que alcanzan cifras que superan los 4,000 al año en cada uno de estos estados. 

Las autoridades suelen limitarse a emitir palabras vacías mientras los ciudadanos quedan a merced del crimen organizado.

¿Cómo podemos hablar de libertad de expresión en un país donde quienes piden justicia son silenciados? Lo más preocupante es que, al mismo tiempo que los activistas caen, el crimen organizado continúa expandiendo su influencia en el entramado social y político de México. 

En un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se reveló que el 78% de los mexicanos perciben que la violencia ha aumentado en sus comunidades en los últimos años. Los gobiernos locales y federales parecen incapaces o, en algunos casos, desinteresados en enfrentarlo de manera efectiva. Mientras tanto, las comunidades que antes confiaban en el Estado para su protección ahora buscan soluciones alternativas, pero estas soluciones también las ponen en riesgo. 

El poder que las autoridades deberían ejercer para garantizar la seguridad de sus ciudadanos ha sido eclipsado por la fuerza de los grupos criminales.

Detrás de las cortinas del poder, las decisiones que afectan al país se toman en un ambiente de miedo, intimidación y complicidad. Quienes ostentan el poder, ya sea en los pasillos de las instituciones gubernamentales o en las filas del crimen organizado, lo hacen en silencio. Las denuncias de la ciudadanía quedan en el olvido, y aquellos que se atreven a protestar son vistos como amenazas al statu quo. Mientras tanto, el tejido social de México se desintegra, y el miedo se convierte en la norma.

Marcelo Pérez, como tantos otros, no pedía más que lo justo: que las autoridades hicieran su trabajo y protegieran a la población. Sin embargo, su muerte refleja la incapacidad del Estado para cumplir con esta obligación básica. En un país donde la impunidad reina, quienes se atreven a exigir justicia enfrentan un destino oscuro. La violencia, lejos de disminuir, se ha convertido en un cáncer que ha corrompido las instituciones y ha sometido a la ciudadanía.

No podemos permitir que la muerte de Marcelo Pérez quede en el olvido, ni que el silencio continúe siendo la respuesta oficial ante la violencia que asola a México. Su sacrificio, y el de tantos otros, debe servir como un llamado a la acción. México no puede seguir siendo un país donde el crimen organizado gobierna en las sombras mientras el Estado se queda de brazos cruzados.

En un país que se precia de ser democrático, los ciudadanos deben tener el derecho de exigir justicia sin temor a represalias. Sin embargo, cada vez más, nos enfrentamos a una realidad donde alzar la voz se convierte en una sentencia de muerte. México debe despertar, no solo para recordar a aquellos que hemos perdido, sino para evitar que la historia se siga repitiendo. No podemos seguir siendo cómplices de nuestro propio silencio.

México en silencio no es solo el título de una tragedia recurrente, es también una advertencia. Si seguimos permitiendo que aquellos que luchan por un país mejor sean silenciados, entonces nosotros mismos habremos contribuido a la descomposición de nuestra democracia y de nuestro futuro.

En memoria de Marcelo Pérez y de todas las valientes personas que han perdido la vida exigiendo justicia, alzamos nuestras voces. Sus luchas y sacrificios no deben quedar en el olvido. Que su legado nos inspire a seguir adelante, a no rendirnos, y a construir el país que ellos soñaron, uno donde la justicia prevalezca, el poder asuma su responsabilidad y el miedo no silencie más voces. Expreso mis más sinceras condolencias a todas y todos, a aquellos que han caído en la búsqueda de un México más justo y seguro.

Buen inicio de semana…

• En coordinación con los tres órdenes de gobierno se establecerán las estrategias y acuerdos por la seguridad y la paz de Tijuana

TIJUANA.- “La seguridad es responsabilidad de todos y, solo trabajando de manera coordinada, los tres órdenes de gobierno, es como daremos resultados”, afirmó el presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, durante la instalación de la Mesa Regional de Seguridad y Protección Ciudadana.

“La coordinación es clave para dar seguimiento al tema de la seguridad. Para este Ayuntamiento es un tema prioritario y tenemos el compromiso de colaborar en todas las tareas, manteniendo una estrecha coordinación con el gobierno federal y estatal”, enfatizó el alcalde.

Asimismo, Burgueño Ruiz destacó la importancia de la unidad y de trabajar en equipo, cerrando filas con acciones y estrategias que se traduzcan en los ambientes de paz y tranquilidad que la ciudadanía merece.

“Siempre encontrarán en mí a un alcalde dispuesto a coordinar esfuerzos y ser parte del esquema de prevención del delito, para fortalecernos y dar resultados en este tema. Las y los ciudadanos están muy esperanzados con esta administración, y qué mejor que continuar con esta mesa de seguridad, donde, partiendo de realidades, podamos alcanzar el objetivo”, puntualizó.

El secretario técnico de la Coordinación de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad en la Región de Tijuana del Gobierno de México, Leonardo Barreras Vega, mencionó que esta mesa de seguridad no había sido instalada durante las dos administraciones municipales anteriores, por lo que este esfuerzo representa un paso significativo hacia la consolidación de una Tijuana segura.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Manuel Sánchez Rosales, añadió que las mesas de coordinación por la paz se crearon como parte de los ejes para brindar certeza a la ciudadanía de que los tres órdenes de gobierno están trabajando de manera coordinada.

“Una parte importante de esta mesa es realizar una valoración real de los índices y condiciones actuales de la ciudad, en cumplimiento a las instrucciones del presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz. Esta mesa no debe limitarse a un intercambio de datos; es esencial llevar a cabo un estudio profundo y un análisis de los puntos críticos donde debemos operar y realizar una operación conjunta hacia la vía pública”, enfatizó.

Por su parte, Jorge Ramos Hernández, diputado local en Baja California y presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso Local, destacó que ya se ha demostrado que, cuando el estado mexicano se alinea con una estrategia de coordinación efectiva, se pueden lograr los resultados esperados en materia de seguridad.

“Desde el Congreso de Baja California asumimos el compromiso de adecuar las normativas para cerrar las lagunas legales que permiten la ‘puerta giratoria’ cuando la policía hace bien su trabajo. Contamos con un calendario para que la Comisión de Seguridad Pública sesione en los siete ayuntamientos del estado para recepcionar iniciativas ciudadanas, de especialistas y de los órdenes de gobierno, con el fin de generar un ambiente legal que permita a todos los cuerpos de seguridad estar en una base de coordinación efectiva”, concluyó. 

La Mesa Regional de Seguridad y Protección Ciudadana está integrada por Arnulfo Guerrero León, secretario de Gobierno; Teresita de Jesús Balderas Beltrán, síndica procuradora; coronel de infantería DEM José Guadalupe Gómez Salado, comandante del 28/o Batallón de Infantería en Tijuana, de la SEDENA; coronel de infantería DEM José Francisco González Hernández comandante del 38/o Batallón de Guardia Nacional en Tijuana; vicealmirante C.G. DEM Jorge Víctor Vázquez Zárate, comandante de la Segunda Región Naval en Ensenada; Luis Moreno Hernández, subsecretario general de Gobierno del Estado; Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez, fiscal regional de Tijuana de la Fiscalía General del Estado.

También forman parte: Miguel Ángel Gaxiola Rodríguez, fiscal especializado en Delitos contra la Vida de la Fiscalía General del Estado; Ana Lilia Estrada López, jefa de Investigación de la Estación Baja California del Centro Nacional de Inteligencia; teniente coronel Humberto Cantú Catalán, jefe del Departamento Seguridad Física de Pemex en Playas de Rosarito; Juan Carlos Hernández Herrera, director de la Policía y Tránsito Municipal de Tijuana; Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado de Programas para el Bienestar en Baja California del Gobierno de México y Leonardo Barreras Vega, secretario técnico de la Coordinación de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad en la Región de Tijuana del Gobierno de México.

«Una injusticia hecha a uno solo es una amenaza para todos.»  — Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu

Por Isidro Aguado Santacruz

La democracia, en su forma más idealizada, siempre ha sido un equilibrio entre el derecho de participación ciudadana y la capacidad de quienes asumen roles de liderazgo.

Sin embargo, en tiempos recientes, el proceso de selección de cargos públicos en México ha comenzado a cuestionar este equilibrio. Aristóteles, en su estudio sobre las formas de gobierno, ya advertía sobre los peligros de desvirtuar los principios democráticos.

Y es precisamente en la actualidad donde la influencia del azar y los sorteos ha tomado un papel inesperado en la designación de jueces y magistrados, que sus advertencias cobran mayor relevancia.

La democracia implica la participación equitativa de los ciudadanos en la toma de decisiones y la elección de sus representantes.

Tradicionalmente, esto se ha realizado mediante procesos de votación que buscan seleccionar a los mejores perfiles con base a su capacidad, experiencia y conocimiento. No obstante, en México, se ha empezado a recurrir al sorteo como método para la designación de funcionarios en ciertos cargos clave, especialmente en el poder judicial.

El Senado de la República, en un intento por «democratizar» la elección de jueces y magistrados, ha implementado un sistema de sorteo para asignar plazas en el poder judicial. Este método, aunque suena equitativo en principio, plantea serias preguntas sobre la meritocracia y la preparación profesional de quienes terminan ocupando dichos puestos.

Si bien el azar puede garantizar una imparcialidad en la selección, también introduce el riesgo de que personas sin la suficiente experiencia o formación asuman responsabilidades de gran envergadura en la impartición de justicia.

Históricamente, la justicia en México ha estado vinculada a la carrera judicial, donde los profesionales del derecho ascienden a través de años de formación, pruebas y experiencia. Esta carrera está diseñada para garantizar que quienes lleguen a los más altos niveles del poder judicial sean los más capacitados para tomar decisiones complejas.

Sin embargo el reciente sorteo de más de las 850 plazas de magistrados de circuito y jueces de distrito realizado por el oficialismo en el Senado de la República, ha puesto en duda la continuidad de este modelo. En lugar de seleccionar a los mejores mediante un análisis riguroso de sus capacidades, se ha optado por un sistema aleatorio que, aunque democrático en apariencia, podría debilitar la calidad de la justicia.

El argumento en favor del sorteo ha sido que éste evita la influencia política y los favoritismos, algo que históricamente ha contaminado el proceso de selección en México. No obstante, este método también deja fuera la consideración de criterios fundamentales como la preparación académica, la experiencia en el campo y la imparcialidad demostrada a lo largo de una carrera. La elección al azar puede reducir la influencia de las élites políticas, pero no necesariamente asegura la idoneidad de los seleccionados.

En el pasado, instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han sido testigos de la designación de consejeros y magistrados alineados con los intereses del gobierno en turno. Este tipo de injerencia ha debilitado la confianza pública en la independencia de estas instituciones.

Ahora, el uso del sorteo para seleccionar jueces y magistrados parece ser una respuesta a esta desconfianza, pero corre el riesgo de reemplazar la corrupción por la incompetencia.

El sistema judicial es una de las instituciones más importantes en cualquier democracia, ya que garantiza que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa. La legitimidad de los jueces y magistrados no solo se basa en su imparcialidad, sino también en su capacidad para interpretar la ley y tomar decisiones que afecten la vida de los ciudadanos.

El azar, en este sentido, puede ser un enemigo de la justicia. Mientras que en otros ámbitos del gobierno, como los legisladores, la rotación y diversidad pueden ser benéficas, en el ámbito judicial es fundamental que quienes ocupen estos cargos tengan la formación y experiencia adecuadas.

La reciente crisis de legitimidad que enfrentan muchas democracias, incluida la mexicana, ha llevado a explorar alternativas para revitalizar los sistemas de representación. Sin embargo, la propuesta de una «democracia por sorteo» en el poder judicial no parece ser la respuesta adecuada. Más bien, es un reflejo de la desesperación ante un sistema que, en muchos aspectos, ha fracasado en garantizar la transparencia y la imparcialidad.

En lugar de recurrir a métodos que desvirtúan la capacidad profesional, se debería abogar por reformas que fortalezcan los procesos de selección basados en mérito, con mayor escrutinio público y transparencia. El azar ha comenzado a jugar un papel inesperado en la política mexicana, afectando de manera directa a la independencia del poder judicial.

Lo que en principio parece una medida democratizadora, amenaza con socavar uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia funcional: la justicia. La meritocracia y la formación especializada deben ser los criterios fundamentales en la selección de jueces y magistrados, no el azar. Solo así se podrá preservar la independencia del poder judicial y asegurar que la justicia en México siga siendo un baluarte de la democracia y no un juego de fortuna.

Mientras las decisiones en materia judicial sigan dependiendo del sorteo, el futuro de la democracia mexicana corre el riesgo de ser determinado no por los más capaces, sino por la suerte. Y en la justicia, la suerte no puede ser un criterio aceptable para definir el destino de una nación. Excelente inicio de semana lectores.

• Agilización de cruces fronterizos y el uso de la tecnología, fueron los temas abordados

TIJIANA.- Como parte de los esfuerzos del XXV Ayuntamiento de Tijuana por construir una agenda binacional que permita atender temas de impacto para ambos lados de la frontera, este domingo el presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, sostuvo un encuentro con la directora de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mariza Marín, con quien refrendó los lazos de hermandad.

Durante la reunión, que tuvo lugar en la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el puerto de entrada de San Ysidro, ambas autoridades revisaron y analizaron temas como la agilización de cruces fronterizos y el uso de la tecnología. 

El alcalde Ismael Burgueño ha puntualizado en reiteradas ocasiones que su administración impulsará obras que permitan fortalecer la infraestructura, particularmente, aquellas que tiene que ver con el traslado de personas, bienes y servicios.

«Seguiremos estrechando lazos de colaboración con las autoridades del otro lado de la frontera, atendiendo temas en común de forma conjunta, es importante contribuir al crecimiento económico de esta importante mega región, somos un gobierno que viene a sumar y generar bienestar para su gente», agregó. 

La comitiva del alcalde de Tijuana estuvo conformada por el secretario de Gobierno Municipal, Arnulfo Guerrero León; el secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Pedro Montejo Peterson, así como el director de Fomento Económico, Óscar Higuera Betancourt; por parte de la directora de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos: el jefe de Enlace, Ricardo Corral; los supervisor de Enlaces, Juan Araiza, Ernesto Gutiérrez y Andrés Shadlak; y la asistente Marie Tabucbuc.

• Dotan a elementos de bicicletas eléctricas y camaras corporales para atender a visitantes

TECATE.- Como parte de los festejos del 132 Aniversario de la fundación del municipio de Tecate, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, llevó a cabo el relanzamiento de la Policía Turística.

Cabe destacar que se trata de un compromiso de campaña cumplido por el presidente municipal, Román Cota Muñoz, en los primeros 12 días al frente del Gobierno de la ciudad. 

Correspondió al alcalde dar el banderazo y realizar el primer recorrido simbólico,  acompañado por los elementos de la policía municipal asignados al cuidado y la protección del turismo.

Parte del equipo entregado a los elementos consiste en bicicletas eléctricas nuevas, así como equipo de protección personal, con una inversión realizada por regidores del Ayuntamiento. 

En el mismo evento,  se les entregaron las primeras cámaras corporales a los elementos, equipo que tiene como objetivo garantizar la legalidad de los uniformados, así como el respeto a los derechos humanos. Las cámaras son inversión de la Dirección de Seguridad Ciudadana.

La directora de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Marina Calderón Guillén, manifestó que en estos primeros días de administración del XXV Ayuntamiento de Tecate, se lleva a cabo una reestructuración de la dependencia a su cargo,  para garantizar el bienestar de las y los tecatenses.

• Arranca el alcalde la primera etapa de peatonalización de la Avenida Revolución.

TIJUANA.- El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, encabezó el inicio del Programa de Rehabilitación del Centro Histórico de Tijuana, como parte de los compromisos de esta administración municipal por generar infraestructura que dé soporte al desarrollo económico, social y urbano de la ciudad. 

Previo a un recorrido cultural y artístico por el andador de la avenida Revolución, que este día quedó formalmente inaugurado, el alcalde destacó el liderazgo de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y el trabajo colaborativo entre estado y municipio para concretar proyectos de gran impacto que potencialicen el gran atractivo que tiene Tijuana.

«Este es un sueño hecho realidad, un espacio para caminar, convivir y fortalecer las actividades recreativas; esta es tan solo la primera fase de un gran proyecto en la avenida Revolución, patrimonio de Tijuana», expuso.

Burgueño Ruiz explicó que con esta nueva imagen que se le busca dar a esta emblemática avenida, las familias podrán disfrutar de forma segura de los atractivos que esta zona ofrece como la venta de artesanías y gastronomía, entre otros, además de abonar al fortalecimiento del comercio local.

Agregó que durante la etapa de la transición a la Alcaldía de Tijuana planificó proyectos como los que hoy se concretan, visualizando los mejores tres años en la historia de Tijuana.

El alcalde Ismael Burgueño ha dejado claro el convertir esta nueva responsabilidad al frente del Gobierno Municipal, en una etapa de mayor desarrollo y bienestar para las y los tijuanenses.

Por su parte, el encargado de la Coordinación de Proyectos Estratégicos en Tijuana, Carlos Torres Torres, resaltó la inmediatez con la que el alcalde Burgueño, a horas de haber tomado protesta como presidente municipal, había enviado brigadas de limpieza a la zona centro con las que se retiraron 10 toneladas de basura, y eso, dijo “habla mucho de hacer que las cosas sucedan”.

Además, compartió que el presidente municipal recién tomó protesta al Fideicomiso integrado por personas que están creando los proyectos más grandes para Tijuana, en cultura, arquitectura, diseño, comercio y edificios. Se trata de personas que generan innovación y creatividad para la ciudad.

En el acto protocolario también estuvieron presentes, el secretario de Gobierno Municipal, Arnulfo Guerrero León; la secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, Alma Delia Ábrego Ceballos; el delegado de la Zona Centro, José Luis Portillo Reyes y el responsable del Fideicomiso del Centro Histórico, Héctor Bustamante.

Durante el recorrido por la avenida Revolución el presidente Ismael Burgueño saludó a comerciantes y, como parte del programa cultural, visitó las estaciones Tijuana Circus, Danza Jorge Domínguez, Wine and Paint y Danzón, Ópera de Tijuana y Promotora de las Bellas Artes, para cerrar con el concierto de Frida Vázquez de la Sota.

*Es resultado de la coordinación con el Estado y la Federación, dijo el alcalde; Leyzaola, será asesor de la Presidencia en materia de seguridad.  También se nombró a los nueve delegados municipales

TIJUANA.- El Cabildo del XXV Ayuntamiento de Tijuana, en sesión efectuada este lunes 7 de octubre, aprobó por mayoría la designación de Juan Manuel Sánchez Rosales como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, perfil propuesto por el Alcalde Ismael Burgueño Ruiz.

Con una abstensión —de la regidora morenista Rogelia Arzola Santillán—, Sánchez Rosales se convirtió en titular de la SSPCM para el periodo 2024-2027, participando en la terna conformada además por José Alonso López Sepúlveda y Carlos Arturo Huacuja Betancourt.

En conferencia de prensa previa, el alcalde Ismael Burgueño habría propuesto a Sánchez Rosales, destacando la coordinación con el Estado y la Federación, preocupados por la inseguridad en la ciudad. A la vez el propio alcalde indicó que el teniente coronel Julián Leyzaola será el asesor de la Presidencia en materia de seguridad.

Regidoras y regidores de las distintas fuerzas políticas despositaron su confianza a Juan Manuel Sánchez, en uno de los temas de prioridad para las autoridades y de mayor clamor por parte de la ciudadanía.

El presidente municipal de Tijuana expresó su gratitud y confianza al hoy funcionario municipal, y dijo que después de analizar su perfil y experiencia en temas de inteligencia decidió proponerlo como titular de la Secretaría de Seguridad.

«La prevención del delito se combate con inteligencia, queremos generar las condiciones de confianza, protección y seguridad de las y los tijuanenses; por eso vamos con todo», expresó el alcalde.

Burgueño Ruiz ha dejado claro que su administración será respetuosa de las decisiones que se tomen en Cabildo y reafirmó el compromiso que pactó de colaborar con todas y todos en equipo por el bienestar y el desarrollo de Tijuana.

Como parte del orden del día, en esta sesión de Cabildo, por unanimidad se aprobaron los nombramientos y tomaron protesta quienes encabezarán las nueve delegaciones municipales: para la delegación Centro, Jose Luis Portillo Reyes; La Mesa, Bianka Najar Soto; Sánchez Taboada, Teresa García Bañuelos; La Presa Este, Óscar Eduardo Valenzuela Rodríguez; La Presa Abelardo L. Rodríguez, Adriana Guadalupe Barrera Hernández; Delegación Playas de Tijuana, Alejandro Roberto Ibarra Moreno; San Antonio de los Buenos, Guadalupe Javier Notario; Otay Centenario, Claudia Casas Valdés y Cerro Colorado, Rosa Margarita García Zamarripa.

Entre otros puntos, también, en beneficio de la economía familiar, se aprobó la condonación de multas y recargos municipales del ejercicio 2024 y años anteriores, a partir del 7 de octubre y hasta el 31 de diciembre de este año; además, se asignaron comisiones de diversas áreas.

Presidieron la sesión, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, el secretario de Gobierno Municipal Arnulfo Guerrero y la síndica procuradora, Teresita de Jesús Balderas Beltrán.